Canarias necesita un estatus de plena autonomía interna que le permita delimitar sus espacios marítimos
Se trata de una declaración estratégica en defensa de nuestros intereses y que el PSOE y el PP no apoyan
El Parlamento de Canarias no ha podido aprobar hoy una Proposición No de Ley, a propuesta del Grupo Nacionalista Canario, por la que se instaba al Gobierno del Estado a que implemente las medidas legislativas y diplomáticas necesarias para que se reconozca Canarias el estatus de Plena Autonomía interna que le permita delimitar sus espacios marítimos a partir de las líneas de base rectas archipielágicas.
Esta iniciativa en concreto surge de la voluntad de la Plataforma del Mar Canaria que, junto a ayuntamientos, cabildos y sociedad civil organizada, lleva más de 20 años reivindicando la delimitación de nuestros límites territoriales para poder hacer efectiva nuestras zonas de influencia marítimas.
Quintero recordó que “estamos ante un momento político y geoestratégico delicado, dados ante los intereses de Marruecos sobre la zona de influencia marítima del Sahara, y la anuencia del estado español ante el plan de autonomía marroquí sobre la zona”
Hay que tener en cuenta además que el Gobierno de Pedro Sánchez no ha manifestado, hasta la fecha, ninguna contradicción ante lo aprobado por Marruecos por lo que pudiera corre el riesgo de que “Canarias sea un Archipiélago rodeado de aguas marroquíes, y al primero que no le interesa esta situación es al Estado, que podría aprovechar el nuevo estatus para delimitar definitivamente la mediana con el país vecino”.
Hay que tener claro, que “la plena autonomía interna no significa independencia, seguiríamos con la soberanía del Estado, pero sí implicaría más autogobierno, que es una aspiración a que no podemos abandonar”, explicó.
Tanto la Constitución española y el Estatuto de Autonomía definen a Canarias como un Archipiélago que según la convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho de Mar en 1982 (CONVEMAR) se configura como un grupo de islas, incluidas partes de islas, las aguas que las conectan y otros elementos naturales, que estén tan estrechamente relacionados entre sí que formen una entidad geográfica, económica y política intrínseca o que históricamente hayan sido considerados como tal.
Esta consideración permitiría al Estado, en virtud de nuestro estatuto de autonomía, transferir o delegar las competencias en el mar territorial y zona económica exclusiva, así como en el lecho y el subsuelo marítimo.
Si bien es cierto que hay un vacío legal en cuanto a la definición de los Archipiélagos de Estado, Portugal ya modificó su constitución para permitir que Madeira y Azores dispongan de un estatus similar
Como se recordará la Ley 44/201 de Aguas Canarias, aunque supone una manifestación de la voluntad del Estado de utilizar el criterio de delimitación de la línea de base recta archipielágica, no reconoce la posibilidad de modificar el régimen jurídico internacional.
En este sentido, concluyó Quintero, “tenemos los recursos para modificar este vacío legal, pero para eso solo hace falta voluntad política”.
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